ARCA detectó a decenas de personas de bajos ingresos que movían sumas extraordinarias de dinero a través de la plataforma de la firma vinculada a Ariel Vallejo, hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. El organismo prepara una denuncia formal tras el reciente allanamiento por la causa Andis.
La investigación que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la financiera Sur Finanzas volvió a acelerarse en los últimos días. Los inspectores vienen observando desde hace meses un patrón repetido: personas de escasos recursos que reciben depósitos en efectivo por cifras millonarias y que, casi de inmediato, transfieren esos fondos hacia billeteras de criptomonedas, un mecanismo habitual para mover dinero por fuera de los controles formales. Para los investigadores, se trata de un “ejército de soldaditos”, y ya están dando por concluido un informe que será presentado ante la Justicia.
La situación tomó mayor relevancia luego del allanamiento realizado la semana pasada en la sede principal de Sur Finanzas por la causa Andis, donde se detectó un circuito similar: montos elevados que, tras pasar por cuentas particulares, terminaban invertidos en criptoactivos. La firma pertenece a Ariel Vallejo, empresario con presencia creciente en el mundo financiero y muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En apenas cuatro años, su compañía pasó de tres empleados en la zona sur del conurbano a más de veinte sucursales, ofreciendo préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y servicios digitales para pymes.
Vallejo difunde su vínculo con dirigentes deportivos desde su cuenta de Instagram, donde suele repetir que su plataforma es “la billetera del fútbol”. Su nombre empezó a sonar con más fuerza cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac detectaron movimientos sospechosos vinculados a la constructora Construcciones TAR, que recibió más de $6000 millones entre 2022 y 2023, montos incompatibles con su actividad declarada. Parte de ese dinero habría terminado en Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020. A su vez, el Banco Central mantiene un sumario abierto contra el empresario por presuntos incumplimientos en materia cambiaria.
El allanamiento por la causa Andis aportó nueva evidencia: según el dictamen fiscal, una porción de los fondos manejados por Miguel Ángel Calvete y el economista Alan Pocoví habría sido canalizada a criptomonedas mediante la app “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP. En ese expediente hay chats y comprobantes de transferencias.
La investigación paralela de la DGI también descubrió situaciones llamativas. Un monotributista categoría D, con facturación anual inferior a cinco millones de pesos, recibió más de $230 millones en depósitos, siendo Sur Finanzas PSP su principal proveedor. Además, figuraba con movimientos por $87.000 millones en billeteras virtuales y hasta la compra de un BMW de casi $100 millones en 2025. Otro caso detectado fue el de un monotributista categoría A, que movió $7000 millones en solo cuatro meses, sin bienes relevantes a su nombre, pero con retiros en el exterior por $176 millones.
El patrón se repite en decenas de usuarios: en 2024, más de la mitad del volumen operado por Sur Finanzas PSP correspondió a monotributistas o contribuyentes sin categoría definida, con más de $213 millones facturados a ese segmento. Para ARCA, esto revela una maniobra sostenida en el tiempo basada en intermediarios sin respaldo económico real.
La trama también se extiende al propio Vallejo. Dos firmas de las que fue socio en 2017 integran el registro de emisores de facturas apócrifas. Paralelamente, la Justicia reconstruyó su patrimonio y detectó bienes de alto valor. Entre ellos aparece una Ferrari California negra que solía verse frente al local de Sur Finanzas, registrada a nombre de una sociedad con la que el empresario montó un parador en Villa Gesell. En los papeles, Vallejo solo figura como dueño de un Audi Q2, aunque su madre—también investigada—acumula vehículos de lujo valuados en más de US$350.000.
Además, el empresario compró varios departamentos en el centro de Adrogué, cerca de su oficina principal, y recibió notificaciones por deudas impositivas vinculadas a una de sus sociedades, ABO Inversiones. Tanto ARCA como la Justicia consideran que apenas se está viendo la superficie de un patrimonio que podría ser mucho mayor. En los próximos días, el organismo concluirá su presentación judicial con el conjunto de irregularidades detectadas.
