El Gobierno argentino solicitó este martes a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF mientras se tramita la apelación. La medida fue presentada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, que representa a la Argentina en Estados Unidos, y anticipa que no habrá negociación con el fondo demandante, Burford Capital, hasta que haya una resolución definitiva.
La apelación aún no fue formalizada, pero fuentes oficiales aseguran que se está preparando y que será presentada dentro del plazo de dos semanas. La estrategia legal está siendo coordinada por el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, especialista en arbitraje y litigios internacionales.
En su escrito, los abogados argumentan que se cumplen todos los requisitos para suspender el fallo: posibilidad de éxito en la apelación, riesgo de daño irreparable si se ejecuta la sentencia, ausencia de perjuicio significativo para los demandantes y un interés público en mantener el statu quo. También sostienen que el caso plantea cuestiones jurídicas complejas sobre la ejecución de activos de Estados soberanos, en las que incluso el propio gobierno de Estados Unidos tiene una visión distinta a la del tribunal.
Desde el oficialismo remarcan que el Ejecutivo no tiene intenciones de negociar mientras la disputa siga abierta en la Justicia. El presidente Javier Milei ya había anticipado en redes sociales que la Procuración del Tesoro, dirigida por Santiago Castro Videla, apelaría el fallo adverso, aunque lo aprovechó también para criticar a Axel Kicillof, a quien considera responsable de la expropiación de 2012.
Pese a la relevancia del caso —considerado el juicio más importante contra el Estado argentino en el exterior—, el tema no fue abordado en la reunión de gabinete del martes. Fuentes de Casa Rosada reconocen que la decisión de Preska representa una medida “dramática” para YPF y afirman que el Gobierno apelará todas las veces que sea necesario, porque consideran que la disputa judicial se extenderá durante años.
El fallo, dictado este lunes, ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF —actualmente en manos del Tesoro y la ANSES— como parte del pago de una indemnización de 16.000 millones de dólares a Burford Capital. La demanda se basa en la expropiación de la petrolera decidida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, con Axel Kicillof como principal impulsor del proceso.
El reclamo fue iniciado por el fondo Burford tras adquirir los derechos litigiosos de dos sociedades del Grupo Petersen, radicadas en España y vinculadas a la familia Eskenazi. En una primera instancia, la jueza Preska desligó a YPF de la demanda y apuntó directamente contra el Estado argentino. Sin embargo, con esta última resolución, ordenó la entrega de las acciones de clase D, lo que podría hacer que el país pierda el control mayoritario de la compañía.
