En un nuevo episodio del clima de tensión entre el gobierno de Javier Milei y los medios de comunicación, el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, desató una fuerte polémica al pedir públicamente que el presidente encarcele periodistas “por decreto”, comparando la situación actual con hechos ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Que meta preso a algún periodista por decreto, como hizo Alfonsín”, expresó Parisini en redes sociales, en clara alusión al decreto 2049 de octubre de 1985. La frase fue rápidamente replicada, generando rechazos y aclaraciones tanto desde el periodismo como desde distintos sectores políticos y académicos.
La afirmación de Parisini distorsiona los antecedentes históricos. El decreto al que aludió el influencer fue emitido por el entonces presidente Alfonsín en el contexto de un estado de sitio, tras una seguidilla de atentados con explosivos y amenazas contra instituciones democráticas. En ese marco, se ordenó la detención de 12 personas por su presunta participación en un complot golpista.
Entre los detenidos figuraban el general retirado Guillermo Suárez Mason, otros cinco militares y seis civiles, entre ellos los periodistas Jorge Vago (del boletín “Prensa Confidencial”) y Daniel Horacio Rodríguez (del diario La Prensa), así como el analista Rosendo Fraga. Sin embargo, la medida no fue un ataque a la libertad de expresión, sino una respuesta preventiva frente a una amenaza concreta contra el orden constitucional, en un momento aún frágil de la democracia recuperada.
Comparar esa situación con el escenario actual implica una simplificación peligrosa, que ignora el marco legal y político de los hechos históricos. Además, al sugerir el uso de decretos presidenciales para reprimir voces disidentes, se alienta una práctica incompatible con los principios republicanos y democráticos.
En un país con antecedentes dolorosos en materia de censura y represión, este tipo de declaraciones no solo resultan irresponsables, sino que subrayan la necesidad de defender con firmeza la libertad de prensa como pilar de la convivencia democrática.
